El proyecto de ley sobre sanciones contra los funcionarios estatales de Azerbaiyán ha sido presentado al Congreso de los EE.UU., el documento contiene nuevos nombres
El viernes, un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses presentó un proyecto de ley que impondría sanciones a funcionarios de alto rango de Azerbaiyán por violaciones de derechos humanos, incluida la represión violenta de la oposición política, informó el corresponsal de Turan en Washington.
Los autores del documento son los congresistas Dina Titus y Gas Bilirakis. Este es el primer proyecto de ley sobre sanciones contra Azerbaiyán. Al documento se sumaron 21 miembros del Congreso: Eleanor Holmes Norton, Tom McClintock, Janice Schakowsky, Nicole Malliotakis y otros.
Como informó Turan, el proyecto de ley requeriría que la administración Biden decidiera sanciones contra 44 funcionarios en virtud de la Ley Global Magnitsky y otras leyes estadounidenses en un plazo de 180 días.
En la versión final del proyecto de ley, no son 41 sino 44 funcionarios azerbaiyanos. Ya se han anunciado los nombres de 41 funcionarios y aún se desconocen los nombres de tres personas.
Los congresistas creen que estas personas están involucradas en violaciones de los derechos humanos: violaciones de los derechos de periodistas, activistas de la oposición y científicos.
La lista completa de 44 funcionarios se dará a conocer en los próximos días.
La versión final del proyecto de ley también aborda la guerra en Karabaj y acusa a las autoridades azerbaiyanas de violar los derechos de los armenios.
El gobierno de Azerbaiyán “no ha liberado a todos los prisioneros de guerra y continúa deteniendo a nuevos prisioneros de guerra y civiles. Los responsables de esto son quienes tienen la responsabilidad legal.”
Los autores señalan que “las represiones despiadadas contra la oposición política interna en Azerbaiyán plantean serias preocupaciones sobre la violación de los derechos de los ciudadanos azerbaiyanos”.
Cabe señalar que la lista contiene los nombres de los miembros de la Administración Presidencial, el Ministerio de Defensa, el Servicio de Seguridad del Estado, el Ministerio del Interior, el Servicio de Fronteras, el Servicio Penitenciario y los jueces del Tribunal de Delitos Graves de Bakú. y otros funcionarios del gobierno.
