La “Implementación de la política común de seguridad y defensa” anual anunciada por el Parlamento Europeo el 28 de febrero en su informe Se hace un llamado a apoyar a Armenia a través del Fondo Europeo de Paz.
El documento pide a la Unión Europea que refuerce su presencia en el Cáucaso Meridional.
El informe también pide al Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea que proporcione la asistencia necesaria a Ereván a través del Fondo Europeo de Paz con el fin de crear las condiciones para que Armenia revise sus alianzas militares actuales.
Para ello, los diputados europeos propusieron aumentar el número de observadores estacionados en la frontera con Azerbaiyán en Armenia, fortalecer el mandato de esta misión, extender la duración de la misión y potencialmente cubrir la frontera de Armenia con Turquía.
Llamado a sanciones
El informe afirma que el Parlamento Europeo condena el “ataque no provocado y planificado de antemano” de Azerbaiyán contra los armenios de Karabaj.
En este informe, se acusa a Azerbaiyán de violar gravemente el derecho internacional y los derechos humanos, y lo ocurrido en Karabaj se califica como un acontecimiento que “puede considerarse una limpieza étnica de facto”.
El documento afirma que las acciones de Azerbaiyán no pueden quedar infructuosas y, por este motivo, deberían anunciarse sanciones contra los funcionarios azerbaiyanos responsables de numerosas violaciones del alto el fuego, cancelarse el Memorando del Acuerdo Energético entre Azerbaiyán y la UE y negociar un nuevo acuerdo de asociación con Hay que detener a Azerbaiyán.
El informe afirma que en caso de cualquier agresión militar contra la integridad territorial de Armenia, se deberían anunciar sanciones selectivas e individuales contra el círculo “militar y político” del presidente Aliyev, y se deberían detener las importaciones de petróleo y gas de Azerbaiyán.
El documento también condena la ayuda a Azerbaiyán por parte de países “no pertenecientes a la UE”.
También cabe señalar que los informes del Parlamento Europeo no son jurídicamente vinculantes para su implementación y tienen únicamente carácter consultivo.
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